Muerto el acuerdo con el FMI, viva el acuerdo con el FMI

Muerto el acuerdo con el FMI, viva el acuerdo con el FMI

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Con menos de 15 meses de vigencia y pese a las reiteradas concesiones otorgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los incumplimientos de los compromisos del Gobierno Argentino han llevado el acuerdo Stand By a vía muerta.

Lejos de ser sorprendente, este resultado era el único posible, tal como lo sostuviéramos desde el mismo momento de la suscripción del entendimiento, en junio del año pasado. Decíamos entonces: "la factibilidad del intento queda severamente amenazada, no sólo por las implicancias en términos de sustentabilidad económica y social, sino por la distancia existente entre los desequilibrios que constituyen el punto de partida y la convergencia esperada." 1

También en aquellos días, anticipamos el actual escenario: "si una significativa parte de esas divisas se aplica a la contención de la corrida cambiaria, tal vez no haya suficientes dólares para la atención de los vencimientos de deuda. Esto significa, lisa y llanamente, el ingreso en situación de default de los bonos soberanos."2

Las graves secuelas que deja para la Argentina la impericia del "mejor equipo de los últimos 50 años" son abrumadoras e indisimulables, pero mucho peor serán las consecuencias de dejar que las negociaciones con el FMI se rompan definitivamente -ya que el organismo multilateral ha quedado como última instancia de préstamo-, porque el país quedaría sometido a las tormentosas sanciones previstas para quienes incumplen los acuerdos.

Un innecesario recorrido al fracaso

El cierre de los mercados voluntarios de deuda de abril de 2018, también anticipado en esta columna3, puso contra sus límites el experimento económico de Cambiemos, especialmente la inconsistencia entre su política monetaria restrictiva y el comportamiento fiscal expansivo.

La puesta en marcha del acuerdo Stand By con el FMI por un monto récord (alrededor de U$S50.000 millones en la versión inicial), fue el intento de reordenar una economía desquiciada aplicando un plan económico, ahora sí, de inspiración neoliberal.

Pero, para ese entonces, ya era demasiado tarde: "desequilibrios tales como un déficit fiscal total que supera en términos de PIB al de 1989, y un rojo de cuenta corriente mayor al que provocó la crisis de 2001, sólo podrían resolverse, en el marco de dicho plan, con una baja de la tasa de interés a niveles razonables y aceptando que el tipo de cambio alcance un nivel, hoy, indeterminado."

Y, agregábamos: "la dudosa viabilidad social del nuevo modelo no es el único obstáculo ya que, en el corto plazo, el préstamo del FMI no resuelve el serio problema del "trade off" (intercambio) entre la tasa de interés y el valor del dólar."4

Es que en realidad lo que se requería era restituir los superávits gemelos, restableciendo las condiciones para el desempeño de las actividades productivas y la generación de empleo, con otro tipo de programa que fuera sustentable, y no esa prolongación de la agonía, contrayendo innecesariamente una nueva y voluminosa deuda.

Como era de esperar5, una vez sellado el acuerdo, el Gobierno aprovechó la aparente liquidez obtenida por los desembolsos para seguir su persistente conducta de fugar hacia adelante.

En este marco, a pesar de las tasas de interés cada vez más altas (que aceleradamente profundizaron la recesión), y de haber dilapidado los primeros U$S15.000 millones transferidos por el organismo, la gestión del BCRA encabezada por Luis Caputo no logró limitar la dolarización de las carteras de inversión ni la subsecuente alza del tipo de cambio.

Ello provocó las primeras tensiones con el FMI, quien comenzó a presionar para que se abordara la cuestión fiscal. Finalmente, el Gobierno puso en vigencia un nuevo régimen de retenciones a las ventas al exterior, gravándolas con sumas fijas en pesos por cada dólar exportado.

Es en esa instancia, y luego de las denuncias de que se estaba dejando sin financiamiento a la siguiente administración gubernamental6, que se firma la adenda en la que el FMI amplió el monto del crédito en unos U$S7.000 millones, haciendo gala de una inédita permisividad con el actual oficialismo, seguramente buscando que las "esquirlas" de la ya irreversible situación quedaran acotadas a la Argentina7.

Como contrapartida, el gobierno se comprometió a llevar adelante también una estricta política monetaria.

A su vez, el sector externo mejoraría su posición a partir de la reversión del déficit de la balanza comercial (que llegaría por la caída de las importaciones que induce la profundización de la recesión) y la reducción del rojo en la de turismo.

También este giro estaría destinado al fracaso. El BCRA siguió conteniendo la valuación del dólar con exorbitantes tasas de interés, generando un descomunal déficit cuasifiscal, mientras que la caída de la actividad económica determinaría una persistente baja de la recaudación tributaria, tal como lo anticipáramos8, precipitando el deterioro de la posición del Tesoro Nacional.

Tampoco se detuvo la tendencia creciente a la dolarización de las carteras, lo que motivó una excepción notable por parte del FMI, contrapuesta con sus principios y costumbres, como fue la de permitir el uso de las reservas internacionales para aplacar el tipo de cambio.

Los resultados de las elecciones corrieron el velo y el Poder Ejecutivo Nacional, con sus medidas desesperadas e improvisadas, terminó de incumplir con el FMI: con "reperfilamiento", control de cambios, y abandono del esquema monetario, nada queda del "plan neoliberal" diseñado àni de ningún otro.
Sólo la Supercrisis sigue su camino rampante.

Un necesario acuerdo

Así como no quedan dudas de que las obligaciones no pueden ser desconocidas, tampoco las hay sobre la incapacidad de cumplimiento del cronograma original de pagos.

Por lo tanto, resulta indispensable no dinamitar las negociaciones con el FMI, ya que los organismos internacionales de crédito serán los únicos prestamistas disponibles, razón por la que no quedaron alcanzados durante el default de 2001.

Pero, a diferencia de entonces, en que los compromisos con los entes multilaterales representaban una proporción menor de la deuda, hoy este segmento resulta sustantivo, requiriendo también de una reestructuración.

En la corriente de opiniones dominante, esto sería bastante simple, ya que se cambiaría la tipología de acuerdo pasando de Stand By a Crédito de Facilidades Extendidas.

Sin embargo, cabe preguntarse si ese es el tipo de contrato que le conviene a nuestro país y, especialmente, si es verdaderamente viable, ya que las condicionalidades que impondría el prestamista serían las clásicas, basadas en ajuste y reformas "estructurales" como la laboral y la jubilatoria.

Más allá de la nula sustentabilidad social y política de programas de esta naturaleza, también tenemos la certeza de que no es el camino que dé posibilidades al desarrollo con justicia social.

Es necesario entonces, vertebrar otro tipo de convenios en los que, al mismo tiempo que se respeten los derechos de los acreedores a cobrar, el funcionamiento económico para nuestro país sea factible.

Una alternativa posible al default y a las clásicas recetas, sería la de conformar un contrato de fideicomiso -con un órgano fiduciario consentido por el FMI-, que permita ir cancelando la deuda exigible (la nominada en moneda extranjera y cuyos tenedores son no residentes) mediante un cronograma de pagos sustentable, adecuado a las potencialidades de la economía nacional.

Ese fondo se constituiría con los desembolsos que aún restan girar (circa U$S12.000 millones) según los anteriores acuerdos con el FMI y el producido en concepto de retenciones a las exportaciones que graven las rentas extraordinarias de la Pampa Húmeda.

Se trata de hacer frente a un compromiso total de aproximadamente U$S150.000 millones, que podría saldarse en unos 20 años, mediante una propuesta de pago que contemple cuotas de entre 10.000 y 12.000ix millones de dólares anuales, devengando una tasa de interés cercana al 5%x.

El saldo, hasta completar los restantes componentes de la deuda pública en manos de residentes (otros U$S150.000 millones aproximadamente) y que incluye las tenencias de diversos organismos gubernamentales, es susceptible de renegociación en el entorno del mercado de capitales doméstico.

Es imprescindible establecer un nuevo tipo de acuerdo con el FMI, pero dependiendo de cuál sea, el futuro de la Patria será el de mayor oprobio u otro que nos permita soñar con horas de buenaventura.

*MM y Asociados

1 “Demasiado tarde para lágrimas”, BAE Negocios, 18/6/18.

2 “Saltandoàde la sartén al fuego”, BAE Negocios, 25/6/18.

3 “Los prestamistas externos también preguntan ¿cómo seguimos?”, BAE Negocios, 12/2/2018.

4 “Demasiado tarde para lágrimas”, BAE Negocios, 18/6/18.

5 “Saltando de la sartén al fuego”, BAE Negocios,25/6/2018.

6 “Responsabilidades compartidas”, BAE Negocios, 24/9/2018.

7 “El Domo del FMI”, BAE Negocios, 8/10/18.

8 “Persiguiendo su propia sombra”, BAE Negocios, 4/6/2018.

9 Recaudación posible sobre las rentas extraordinarias de la Pampa Húmeda.

10 Tasa de interés nominal anual.

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Renta extraordinaria, retenciones y pleno empleo

Renta extraordinaria, retenciones y pleno empleo

Por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Sergio Carbonetto

Generar las condiciones macroeconómicas que permitan alcanzar el pleno empleo de la fuerza laboral, debe ser el objetivo prioritario de todo plan económico.

Pero en nuestro país, dado el nivel de desocupación y subocupación observado, con su correlato de pobreza e indigencia, se transforma en un imperativo moral.

Ahora bien: "aquellos beneficios redundantes que se generan en el mercado, independientemente del trabajo humano y que se obtienen a partir de ejercer la exclusividad de explotación de algún recurso natural"1, que son las rentas extraordinarias, si son correctamente utilizadas por el conjunto social, se transforman en un vector clave del nuevo modelo de desarrollo cuya puesta en valor será, más temprano que tarde, el único que permitirá un crecimiento del Producto Interno Bruto con inclusión.

El porqué de las retenciones

Los Derechos de Exportación (retenciones) cumplen un rol central en la economía argentina, ya que:

• Permiten incrementar los ingresos públicos tendiendo a conseguir el necesario equilibrio fiscal.
• Evita el precio de paridad de exportación2 en el mercado interno de variados productos esenciales de la Canasta Básica Alimenticia (CBA) de las familias argentinas.
• Genera múltiples Tipos de Cambio Efectivos3(TCE) adecuándolos a las distintas productividades intra y entre sectores productivos.
• A su vez, combinados con una adecuada Administración del Comercio Exterior (ACE) e interior, tenderían a incrementar la oferta alimentaria doméstica permutando calorías por proteínas4.

En el gráfico que acompaña se muestran estos efectos.

En el equilibrio original P0, la economía se encuentra en un sub-óptimo (con factores productivos ociosos).

A partir de ese punto se instala un nuevo set de precios relativos en CBA, debido a la aplicación de las retenciones y la ACE.

Por lo tanto, la demanda se traslada de D1 a D2; la oferta deja de ser constante y por efecto de las políticas aplicadas, responde a la señal de precios con mayor producción.

El pleno uso se logra en P2, donde:

a) Los costos fijos por unidad vendida son los mínimos obtenibles según la tecnología conveniente5 utilizada.
b) La canasta alimentaria tanto demandada como producida ha cambiado rotundamente en calidad y en cantidad. Los tipos de cambio efectivo y el nuevo set de precios relativos se expresan en Pr2.
c) La ganancia de competitividad sistémica facilita penetrar en nuevos mercados externos, con bienes de mayor valor agregado.

Con retenciones ganamos todos

Determinadas actividades productivas, por sus propias especificidades, demandan especialmente de un funcionamiento armónico de la sociedad que incentive el nacimiento, funcionamiento y desarrollo de las mismas.

Como ejemplo paradigmático de lo señalado, se encuentra la actividad minera, ya que es impensable que se desenvuelva en un entorno de antagonismos.

De idéntica manera, las actividades primarias deben completar, a grandes rasgos, su ciclo (labranza, implantación, cosecha y comercialización) con un funcionamiento sistémico donde se observe bajo o nulo nivel de conflicto social.

Un país convulsionado por la Supercrisis, que se caracteriza por haber conseguido al mismo tiempo cuantiosos desequilibrios de orden fiscal y externo, impide especialmente en este sector la planificación de los emprendimientos productivos.

La destrucción del capital empresario que se observa en los últimos meses es una demostración de ello. Vale como ejemplo de lo mencionado, el caso de YPF.

Por el 51% de la empresa, el Estado Nacional pagó U$S 5.000 millomes, y hoy el 100% de sus acciones a valor de mercado no alcanza los U$S 4.000 millones, a pesar de haberse incorporado como unidad de negocios la explotación del shale gas.

Por el contrario, con el conjunto de políticas ut supra descriptas, aumenta la productividad media de la economía y, por la mayor tasa de ganancia y subsecuente valorización de las empresas y la mejora en la distribución del ingreso, el sistema se torna sustentable y permanente.

En este marco, pueden planificarse mejores resultados fiscales por incremento de los ingresos y no por ajustes del gasto.

La adecuada distribución de la renta extraordinaria de la pampa húmeda, entre: propietarios de la tierra, pules de siembra, contratistas, proveedores, trabajadores de la cadena agroalimentaria y consumidores, permite utilizar este vector de competitividad para alcanzar el bienestar general6.

Porque finalmente las sociedades que prosperan, tanto material como espiritualmente, son aquellas en donde sobre el interés individual, prevalece el colectivo.

1- “Como seguimos”, BAE Negocios 28/1/18

2- Este es el precio en el mercado doméstico que se alinea con el de exportación.

3- Se define como tipo de cambio efectivo aquel que resulta de sumarle y/o restarle al nominal los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, subsidios y reintegros.

4- Esto se consigue al alimentar los rodeos con granos forrajeros, transformándolos, entre otros productos, en carne y leche.

5- Le agradecemos al Lic. Jorge Zaccagnini, la explicitación y difusión de este concepto.

6- Priorizando a su vez, los proyectos de mejoramiento de la infraestructura, comunicaciones y transporte que son los que a mediano plazo aseguran poder ampliar la frontera de producción.

*MM y Asociados

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1989: la híper 2001: la mega recesión 2019: ¿el desabastecimiento?

1989: la híper 2001: la mega recesión 2019: ¿el desabastecimiento?

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Recientemente el premio nobel de economía Paul Krugman, en declaraciones muy difundidas en nuestro medio, criticó duramente al oficialismo sosteniendo que, en materia económica, se caracterizó por haber conseguido al mismo tiempo cuantiosos déficits fiscal y externo.

Para nuestros lectores ello no constituye una novedad, sino la reafirmación de lo que en reiteradas oportunidades hemos venido definiendo como Supercrisis.

Adicionalmente, en el período post elecciones PASO, la dolarización de las carteras de inversión y el muy bajo o nulo "rolleo"1, agravó aún más el cuadro de una economía que desde hace tiempo no es capaz de generar la cantidad suficiente de dólares para su funcionamiento.

La actual coyuntura suele compararse con la atravesada en 1989, cuando colapsó el gobierno de Alfonsín, o bien con la crisis del 2001, cuando lo hizo el de De la Rúa. Sin embargo, al analizar las especificidades propias de cada uno de los tres momentos históricos surge que, lejos de ser similares, el presente resulta más gravoso que aquellos antecedentes.

1989: la híper

Agotado el Plan Austral, el gobierno decidió, en agosto de 1988, lanzar el Plan Primavera, tratando de generar un puente, aunque precario, que le permitiera arribar a las elecciones del año siguiente.

El déficit fiscal ya no se podía financiar con ahorro externo y tampoco con los recursos provenientes del festival de bonos2, con el cual el sector privado doméstico había fondeado al Tesoro Nacional. Y, a su vez, se agravaba mes a mes por el efecto Olivera-Tanzi3.

En consecuencia, sólo quedaba la posibilidad de seguir honrando los compromisos del gasto público devengado, monetizándolo vía emisión, o sea, poniendo a funcionar a pleno "la maquinita".

Naturalmente, ello aceleró el proceso inflacionario, y la única ancla que le restaba a aquel esquema era aplicar, a través del Banco Central, la administración del tipo de cambio para conseguir que un cierto "precio cierto" evitara la espiralización de la inflación. Primero el goteo, y luego la aceleración de la pérdida de reservas, hizo insostenible el proceso y esa política llegó a su límite.

El final de la historia es conocido. La hiperinflación se instaló en el mercado y Alfonsín tuvo que dejar el gobierno.

2001: la mega recesión

Hacia el final del período de la convertibilidad, alcanzado el límite de financiamiento del resto del mundo al déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos4 vía su Cuenta Capital5, el gobierno se vio obligado a buscar otras opciones para paliar el defecto en la oferta de dólares al mercado.

Así recurrió primero al blindaje, un préstamo sindicado por 40.000 millones de dólares otorgado por diversos organismos multilaterales de crédito, países y empresas, que el Tesoro podía ofertar localmente; y posteriormente, cuando comenzó a evidenciarse la inminente cesación de pagos, se pergeñó el Megacanje6.

Ello, más allá de incrementar notablemente el principal y sus intereses, no dejó más alternativa que profundizar la recesión7 para, de esa manera, generar una caída de las importaciones que permitiera revertir el déficit comercial.

Las graves consecuencias sociales, por la espiralización del desempleo y la pobreza, se hicieron insostenibles para la población.

En diciembre de 2001, como es trágicamente recordado por todos, el gobierno de De la Rúa colapsó.

2019 ¿el desabastecimiento?

La actual supercrisis, generada por el gobierno de la alianza Cambiemos, llevó la macroeconomía a una fragilidad tal que, en las últimas semanas, se produjo una aceleración en el proceso de dolarización de las carteras de inversión en pesos.

En ese marco, el incremento de la demanda de divisas, que las autoridades intentaron paliar con políticas de administración en el mercado de cambios, causó el surgimiento de múltiples paridades (oficial, blue, dólar bolsa, contado con liqui, entre otros), con una dispersión en el entorno del 20%.

Concomitantemente con ello, tanto "aguas arriba" (proveedores) como "aguas abajo" (clientes), las empresas vieron desaparecer las señales de precios que orientan las decisiones de producción y comercialización de los bienes y servicios.

En este contexto, asistimos ciertamente a la posibilidad de que comiencen con un proceso, por ahora incipiente y focalizado, de no abastecimiento del mercado8.

Si la indeterminación del valor del dólar y la destrucción de los precios relativos continúa, similares situaciones alcanzaran al conjunto de la economía, volviéndose especialmente crítico si afectara la normal provisión de alimentos.

En este aspecto, cabe consignar que, según estimaciones privadas, el stock promedio en "la alacena de la familia argentina" sólo es suficiente para satisfacer el consumo de un día y medio.

La anomía que alcanzaría a nuestra sociedad, si estos acontecimientos se des encadenaran, es lo que deben evitar los actores políticos, económicos y sociales, encontrando, en conjunto, las mejores soluciones.

1 Se produce cuando, post PASO, los inversores no renovaron las LETES, LECAP, etc. y el Ministro de Hacienda declaró la cesación de pagos de algunas emisiones.

2 Entre otros, podemos mencionar: Tidol, Denor, Tacam, Ticof, Bagon, Ledo, Leda, Lefa, Barra.

3 Se conoce como efecto Olivera-Tanzi a aquel que se produce en un régimen de alta o hiper inflación, cuando el Tesoro Nacional recauda impuestos sobre facturas que contienen precios “no vigentes” y debe ejecutar los gastos con los “vigentes”.

4 La Balanza de Pagos es una estadística que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre residentes y no residentes desagregadas en reservas internacionales y cuentas: Corriente, Capital y Financiera.

5 Lo que aquí denominamos Cuenta Capital equivale a lo que en la actual metodología oficial de elaboración de la Balanza de Pagos se denomina Cuenta Financiera.

6 Así se llamó al proceso por el cual se intercambiaron bonos de corto plazo, que no podían pagarse, por otros de mediano y largo plazo.

7 Eso se consiguió elevando la tasa de interés real.

8 Como ejemplo, basta mencionar la situación del sector petrolero y sus derivados. Al verse obligado a congelar sus precios en el mercado minorista, aunque con cierto reconocimiento de mayores precios en el mayorista, necesitará una modificación de esa restricción (o una compensación, lo cual afectaría aún más la situación fiscal) para evitar ir hacia la decisión que cualquier empresario tomaría en igual circunstancia: no entregar mercadería a sus clientes.

* MM y Asociados

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Administrar el comercio exterior: una necesidad

Administrar el comercio exterior: una necesidad

Por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Sergio Carbonetto

Si bien la Supercrisis en marcha, con sus desequilibrios fiscal y externo, perjudica especialmente al sector industrial de la economía, desde el mismo inicio de la gestión de “cambiemos” se tomaron medidas que afectaron sustantivamente su desempeño ya que:

• al quitar retenciones y devaluar, se incrementaron desmedidamente el precio de los alimentos y se redujo por lo tanto la demanda de productos manufactureros.
• al dolarizar las tarifas energéticas incrementaron los costos primos de los bienes industriales y
• al liberalizar el intercambio comercial con el resto del mundo, sometieron a la producción local a una competencia desigual.

Este trípode, condujo a un deterioro del entramado industrial que no discrimina por tamaño de empresa.

Convocatorias de acreedores y procesos preventivos de crisis fueron incrementándose, trimestre tras trimestre, hasta alcanzar la situación actual, donde lo que queda en marcha del sector funciona en promedio a la mitad de su capacidad instalada.

Ahora bien, este tipo de esquema, que se reitera cíclicamente, es consecuencia de un debate no saldado sobre el rol del sector industrial.

Para unos, es indispensable una apertura irrestricta del mercado local a los intercambios comerciales con el exterior. Esta política, dicen, conducirá por efecto de la competencia y de la posible reconversión, a la máxima eficiencia económica.

En las antípodas, para otros, es indispensable resguardar el mercado interno para alcanzar el óptimo productivo y social.

En nuestra opinión, la primera visión conduce inexorablemente a la situación actual, por lo tanto, suscribimos en términos generales a la segunda.

Pero creemos que su implementación exitosa, requiere de variadas precauciones. Con este artículo pretendemos contribuir para ello.

Industria Nacional: hegemonía en el mercado doméstico para poder exportar

Para un vigoroso consumo interno se necesita un alto poder adquisitivo de los Ingresos Populares (I.P.)1

Ello se logra, para el caso argentino, con un sistema de derechos de exportación, reintegros y aranceles que permita desacoplar el precio de los alimentos y la energía, de la paridad de exportación.

En este marco, el crecimiento de la Demanda Efectiva (D.E.)2 es un hecho.

El paso yuxtapuesto, es que la oferta esté en condiciones de responder.

Si la mayor parte del aparato productivo se encuentra con amplios niveles de capacidad ociosa, el Producto Efectivo (P.E.)3 está muy por debajo del Producto Potencial (P.P.)4 .

Por lo tanto, es factible que la oferta abastezca dicho crecimiento de la demanda.

Sin embargo, para que lo anterior ocurra deben observarse las condiciones de la economía mundial.

La misma puede estar sobre demandada (por ej. 2002/9), o sobre ofertada y con reducción de costos totales como observamos en la actualidad.

En el gráfico 1, y en el contexto de este último caso, se representa el nivel de actividad alcanzado sin Administración de Comercio Exterior (ACE)5 .

En P1, la economía se encuentra en contracción, la demanda efectiva es igual a la oferta, pero el PE

Por su parte los costos fijos por unidad vendida son elevados y la productividad media social es baja.

En estas condiciones, se aplica un programa de reactivación como el mencionado ut-supra y la demanda efectiva reacciona.

Sin embargo, en P2 no se alcanza la igualdad entre PP y PE ya que parte del crecimiento de la demanda fue absorbido por la oferta externa y no por la interna. Las condiciones en P2 son mejores que en P1, pero sigue estando presente la subutilización de los factores de producción.

En esta situación, hay quienes recomiendan incrementar el tipo de cambio ganando competitividad, y de esta manera avanzar sobre la producción importada.

Pero en dicho contexto para una economía mediana, que requiere del resto del mundo insumos y tecnología, y además se encuentra altamente endeudada, el problema es ingresar en un proceso de puja distributiva que perturbe el hecho económico.

Entonces,… ¿qué hacer?

A nuestro juicio, lo más prudente es combinar todas las medidas que habilitaron la reactivación con una adecuada ACE.

El proceso se observa en el gráfico 2.

Aquí los efectos de la reactivación son absorbidos totalmente por la oferta local. La DE intercepta al PP, el uso de los recursos es pleno y se alcanza la máxima productividad media posible, dados el estadio tecnológico y la escala del mercado local. La economía se encuentra en su óptimo. El uso del capital fijo instalado es máximo y el desempleo abierto es el menor posible en el corto plazo.

Una correcta inserción al mundo
El Nuevo Orden Internacional (NOI), que se consolida con la llegada de Trump a la Presidencia de los EE UU, tiene como elemento central el de poner en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo utilizando para ello la ACE.

Como fue señalado, dichos vectores en nuestro país son algunos alimentos y la energía.

Ambos precios deben disociarse de los internacionales a fin de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos populares y disminuir los costes manufactureros.

En este marco, la ACE complementa al tipo de cambio competitivo en la búsqueda del equilibrio de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

Debemos utilizar todas las herramientas de política económica que hoy desde “los hechos” el mundo facilita.

1 La sumatoria de la masa salarial formal e informal, más jubilaciones, pensiones, y otras transferencias.

2 La sumatoria de la demanda de consumo de bienes y servicios finales, más la demanda de bienes de Inversión total, más la demanda de exportaciones.

3 El total de la producción de bienes y servicios finales efectivamente producida.

4 El total de la producción de bienes y servicios finales que podrían producirse, utilizando a pleno los factores de producción.

5 Regulación del comercio exterior

*MM y Asociados

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Entrevista en "La hora de Alberto"

La economía por Moreno. 5 de Septiembre de 2019

Entrevista en Crónica TV

Entrevista en "Solo Periodismo"

60, 62, 64...

60, 62, 64...

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Es una regla de las ciencias sociales, entre las que se encuentra la económica, que ningún fenómeno responde a la mono causalidad.

El valor de equilibrio del tipo de cambio es un ejemplo de ello, ya que depende de múltiples factores intervinientes.

Sin embargo, este principio parece ser ignorado por algunos operadores relevantes en la economía, que hoy se dedican a pontificar sobre cuál debería ser ese valor, sin considerar el comportamiento del resto de los fundamentals.

Este absurdo enfoque es el que abraza el gobierno en su declaración de cesación de pagos1 de la semana pasada.

" Dólar a sesenta" (o cualquier otro precio mágico) ofrece una multiplicidad de interrogantes sobre los niveles de la actividad económica, de las reservas internacionales, del empleo, de la inflación, de las tasas de interés, etcétera.

No podría ser de otro modo ya que, en este irracional reduccionismo, quedaron invertidos los órdenes de causalidades.

El "dólar de equilibrio" sólo puede ser la resultante derivada de otras armonías, especialmente las asociadas al sector externo y a las cuentas públicas.

La economía de Cambiemos: lo que empieza mal, termina peor

Con la devaluación de diciembre de 2015 y la quita de las retenciones a las exportaciones agrícolas y ganaderas, el gobierno provocó un descomunal aumento del precio de la canasta alimentaria, derrumbando el consumo del resto de los bienes y servicios, asestando así un golpe brutal al mercado interno.

Hacia mayo de 2016, nuestra opinión era: "Luego de seis meses de gestión macrista, se empiezan a agotar los plazos para definir el sesgo que tomará finalmente el gobierno. Durante estos meses hemos observado una política económica poco coordinada, e incluso acciones contrapuestas."2

Creíamos entonces que el gobierno iba a buscar algún tipo de solución a los problemas, sin sospechar que se trataba del verdadero modus operandi de la alianza Cambiemos: "No importa si algo no se resuelve o incluso se agrava, salgamos del paso hoy".

El desplome de la economía, provocado por la caída del consumo privado, pretendió ser solucionado vía el aumento del gasto público, pero al recaudar menos y erogar más, se inició un sendero de multiplicación del déficit fiscal heredado, que fue financiado principalmente mediante el crédito externo.

Dado que los dólares ingresados, para poder ser gastados, requerían ser transformados en pesos (aumentando la emisión monetaria y la probabilidad de inflación), el Banco Central de la República Argentina los esterilizó mediante instrumentos de deuda (Lebac, entre otros). Para lograrlo, debió pagar una exorbitante tasa de interés nominal, espiralizando el déficit cuasifiscal, que sumado a los rojos del Tesoro Nacional y las jurisdicciones subnacionales, siempre superaron el 10% del PIB.

En este delirante esquema, el costo del financiamiento se multiplicó, ya que debieron pagarse intereses por los dólares prestados y luego también remunerar la esterilización de su conversión a moneda local.

La creciente inconsistencia del esquema macroeconómico de Cambiemos, alcanzó niveles críticos en 2017, hasta llegar al punto de disrupción en abril de 2018.

En todo ese período, a la par de la espiralización del resultado fiscal negativo, el oficialismo también se ocupó de magnificar el desequilibrio externo, completando su obra maestra: los "déficits gemelos".

Mientras en el mundo crecen las medidas de protección de las economías locales, aquí la producción doméstica de bienes y servicios quedó a merced de sus competidores no residentes, escenario agravado por la revaluación del tipo de cambio derivada del sostenido ingreso de dólares provistos por los prestamistas externos.

Fue así que al finalizar 2017, se proyectaba un déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos para el año siguiente que rondaba el 6% del PIB.

De ese modo se configuraron las condiciones para la actual Supercrisis, con la coexistencia de los desequilibrios macroeconómicos que, en términos fiscales provocaron el colapso del gobierno de Alfonsín, y en cuanto a los del sector externo, el de De la Rua3.

En abril de 2018, tal como lo habíamos adelantado en "Los prestamistas externos también preguntan ¿cómo seguimos?" (BAE, 12/2/18), con el cierre de los mercados voluntarios de deuda, la Supercrisis se materializó.

A partir de allí, el Fondo Monetario Internacional ( FMI) fue requerido como garantía subyacente de los créditos otorgados por inversores extranjeros. Pero, fiel a su estilo, la alianza gobernante no tardó en dilapidar los primeros U$S15.000 millones girados.

Incumplido el acuerdo, y forzado a renegociarlo, el organismo multilateral impuso las condiciones para que los fondos desembolsados se apliquen a garantizar su finalidad original, esto es, el pago de la deuda soberana a los tenedores no residentes.

La espiralización de las tasas de interés y el insólito "congelamiento de la base monetaria", no hicieron más que reforzar el corset sobre la economía real, aventando cualquier expectativa de reanimación de la actividad y extremando las dificultades para las empresas, todo lo cual, como habíamos anticipado, impidió alcanzar el objetivo de equilibrar gastos e ingresos corrientes, al deteriorar la recaudación tributaria4.

Ante el fracaso evidente, el FMI autorizó al BCRA a intervenir en el mercado de cambios, permitiendo estabilizar el valor del dólar a lo largo de casi un año a costa de competitividad externa, altísimas tasas de interés y la absorción en el sector público de todo el ahorro mediante el tándem plazos fijos-leliq estimulando el carry-trade.

Los resultados de las PASO "corrieron el velo" y la Supercrisis -en este marco de evidente vacío de poder-, amenaza en transformarse en Hipercrisis5.

Más vale tarde que nunca

El carácter bimonetario de la economía argentina justificaría, a priori, la importancia de establecer certezas respecto de las relaciones entre la moneda local y la extranjera, dado que, en condiciones normales, los gastos corrientes de las familias y las empresas se realizan con pesos, mientras que los de inversión o de mediano y largo plazo se cuantifican en dólares.

Pero en las situaciones críticas el uso de las divisas extranjeras como reserva de valor6 se acelera, hasta potencialmente dejar indeterminado su precio.

En tales contextos, la reducción o parálisis de las actividades es el mecanismo de autoprotección de las empresas, cuyo correlato es la interrupción del normal abastecimiento del mercado de bienes y servicios.

En un país predominantemente urbano como es el nuestro, la ausencia de mercancías se traduce en corto plazo en crisis social, especialmente tratándose de bienes esenciales como los alimentarios, energéticos y farmacológicos.

Pero esta inequívoca necesidad de establecer claras señales de precios en el mercado de cambios no puede ser satisfecha mediante "la voluntad", porque su magnitud "óptima" es exclusivamente un resultado determinado por sus antecedentes.

El "dólar de equilibrio" sólo es el que se deriva de una Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (CC) sustentable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se requiere un resultado superavitario en la Balanza Comercial, con suficiencia para tender a cubrir los déficits de los demás ítems que componen la CC.

Asimismo, también exige un Superávit Fiscal Primario tal que permita al sector público la adquisición de esos dólares que se generan en el sector privado.

La magnitud de este desafío es inmensa, pero el riesgo de no abordarlo con urgencia es aún mayor.

Por ello, como dijimos la semana pasada: "las formaciones políticas, las instituciones de gobierno de todos los niveles y el conjunto de organizaciones representativas del quehacer nacional deben preparar este plan de contingencia, así como ofrecer a sus mejores cuadros para ejecutarlo: sería muy injusto endilgarle semejante peso exclusivamente al próximo gobierno electo, al tiempo que también desatinado porque se lo sometería innecesariamente a un desgaste prematuro.

Es indispensable una transición desde el descalabro actual hacia los mínimos equilibrios requeridos para que el nuevo gobierno pueda iniciar la reconstrucción de la economía argentina."

Es claro que el momento óptimo ya ha pasado, pero sigue siendo imprescindible tomar estas decisiones antes de que las condiciones continúen empeorando.

1- Si bien en su disposición el Gobierno discrimina entre personas humanas y jurídicas, es dudoso que tal distinción sea legalmente sustentable a fines de cancelar las obligaciones.

2- “Recauda como liberal, gasta como keynesiano: la política del después vemos”, BAE Negocios, 20/11/17.

3- “Recauda como liberal, gasta como keynesiano: la política del después vemos”, BAE Negocios, 20/11/17.

4- “El discurrir de la Supercrisis”, BAE Negocios, 28/5/18.

5- Instalación de un proceso anómico sin sujeción a las normas legales 6-Se trata de conservar el poder adquisitivo de los ahorros, que podría deteriorarse producto de la inflación.

* MM y Asociados

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¿Transitando hacia la anomia?

¿Transitando hacia la anomia?

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Con la supercrisis adquiriendo ritmo de vértigo por las magnitudes alcanzadas en los desequilibrios fiscal y externo, el Gobierno trata de apagar el incendio que provocó. Pero, apelando a sus habituales dosis de impericia e improvisación, arroja agua mezclada con aceite.

Con la escasa adhesión política que le resta escurriéndosele entre los dedos, el oficialismo avanza en la dirección que amenaza en derivar en un colapso institucional.

Hace más de un año, en el artículo "Ay Patria mía" 1, advertíamos que nuestro país transitaba un camino que, desde la Supercrisis y vacío de poder político mediante, podía derivar en una Hipercrisis que no es otra cosa que el funcionamiento anómico del "todo social".

En la actual coyuntura, dicha situación límite se está materializando. El gobierno actual se acabó, pero no se ha ido, y el que le sigue no ha sido aún legalmente elegido.

Buscar los equilibrios macroeconómicos es inequívoca responsabilidad de las autoridades, pero, aun bajo el audaz supuesto de que quisieran y supieran cómo hacerlo, ya no pueden. Por lo tanto, esa tarea debe ser completada por el conjunto de los sistemas institucionales, gubernamentales o no, asumiendo un cometido que no admite ser diferido.

La última milla

Mucho antes del acto eleccionario, se vislumbraba que bajar el Déficit Fiscal Total (DFT)2 mediante la disminución del gasto público, propuesta que el oficialismo acordó con el FMI, resultaría de imposible cumplimiento en el entorno de una economía recesiva.

A tal punto, que durante los primeros siete meses del año se verificó una pérdida interanual de recaudación, en términos reales, que se hubiera visto agravada de no ser por las modificaciones del régimen de retenciones y la tasa de estadística. La merma refleja claramente el menor nivel de actividad económica, siendo el porcentaje de caída de la recaudación mayor que el que se registra en el gasto público.

Por su parte, al capitalizarse la tasa de interés de niveles estrafalarios, la "bomba" de las Leliq siguió creciendo ($1.274 billones al 6/8/19) hasta prácticamente equiparar la base monetaria ($1.350 billones a la misma fecha), lo que implicaba la continuidad de la tendencia creciente del ya desmesurado déficit cuasifiscal.

En síntesis, en ese período, el DFT no sólo no se redujo, sino que se incrementó notablemente.

En simultáneo, el circunstancial saldo positivo de la Balanza Comercial, edificado sobre la caída de las importaciones producto de la recesión, resultaba insuficiente para compensar el negativo en el resto de los rubros que integran la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

En ese contexto de desequilibrios macroeconómicos extremos, tanto del sector fiscal como del externo, llegaron las PASO.

A tontas y a locas

Las medidas implementadas post elecciones no hacen más que agudizar esas inconsistencias, mostrando la desesperación del oficialismo, que parecería estar actuando en estado de "emoción violenta"3.

En materia fiscal, el incremento del gasto no se corresponde con uno equivalente de los ingresos y, dado a su vez que algunas de aquellas repercuten en los recursos coparticipables, los gobernadores alertaron sobre tal situación.

Curiosamente, el flamante Ministro de Hacienda sostuvo en su discurso de asunción que el proceso inflacionario beneficia las arcas del Tesoro, violentando los principios básicos de la disciplina económica.

En efecto, el costo fiscal, calculado por el gobierno, alcanza aproximadamente los $40.000 millones, pero allí se incluye sólo la primera parte del paquete (suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pago extra a empleados estatales y a beneficiarios de la AUH, facilidades impositivas para las PYMES, subsidios para los aportes personales, etc.). Posteriormente, las autoridades anunciaron otras medidas complementarias, entre ellas la suspensión del IVA para 24 alimentos básicos hasta fin de año.

En tanto, en términos externos, a la imposibilidad de equilibrar el flujo de la Cuenta Corriente, se le adicionan ahora los problemas en la Cuenta Capital5 (incluso con la duda sobre la efectivización del próximo desembolso del FMI de más de US$5.000 millones) dado que los principales de la deuda que van venciendo, no son renovados por los acreedores.

Estas perspectivas llevaron a la espiralización del riesgo país y la consiguiente baja, por parte de dos calificadoras internacionales, de los bonos argentinos casi a niveles de default.

Hagamos piso

Queda claro que el actual diseño del sistema electoral ha provocado un vacío de poder, tan insólito como peligroso, en las cruciales instancias que atravesamos.

La Supercrisis, largamente advertida, requiere de correcciones en la macroeconomía de extrema complejidad técnica y también política ya que, al tiempo que resulta imprescindible proteger los intereses de los sectores populares, se debe:

• detener y revertir el proceso de dolarización de las carteras de inversión,
• equilibrar la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y,
• alcanzar el equilibrio fiscal mejorando los ingresos, preservando de esta manera los aportes del FMI.

Para ello, los espacios políticos, las instituciones de gobierno de todos los niveles y el conjunto de organizaciones representativas del quehacer nacional, deben preparar este plan de contingencia, así como ofrecer a sus mejores cuadros para ejecutarlo.

Sería muy injusto endilgarle semejante peso exclusivamente al próximo gobierno electo, al tiempo que también desatinado, ya que se lo sometería innecesariamente a un desgaste político prematuro.

Es indispensable una transición, desde el descalabro actual hacia los imprescindibles equilibrios macroeconómicos, a fin de que la nueva administración pueda iniciar la reconstrucción del aparato productivo argentino.

La anunciada convocatoria del gobierno a los economistas de todos los espacios opositores podría convertirse en una oportunidad de ponerla en marcha.

Nota de autor: Se entiende por anomia al conjunto de situaciones que derivan en la disolución de las normas sociales.

1-BAE Negocios, 7-5-2018.

2-El DFT incluye los déficits de la Nación, provincias y municipios, así como el cuasi fiscal generado por los pasivos remunerados del BCRA, principalmente por las Leliq.

3-Para muestra, basta con mencionar el intento de congelamiento del precio del combustible, sin ningún tipo de acuerdo previo con las empresas del sector, e invocando la ley de derechos del consumidor.

4-Aquí llamamos Cuenta Capital a lo que, en el manual de Balanza de Pagos del FMI, y en algunas publicaciones oficiales, se denomina Cuenta Financiera.

*MM y Asociados

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Se corrió el velo: evitemos la anomia

Se corrió el velo: evitemos la anomia

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Los resultados de las elecciones PASO se erigieron como un parteaguas, abriendo un tembladeral económico y político sobre la base de la endeblez de la macroeconomía, situación a la que venimos caracterizando como Supercrisis.

La gravedad de la situación económica no permite descartar impactos severos sobre el sistema institucional, toda vez que la inestabilidad del ámbito de las finanzas ampliadas no parece tener posibilidades de contención y, por el contrario, sí de espiralizarse.

El andamiaje de dispositivos sobre el que artificialmente se encorsetó la crisis de los sectores fiscal y externo, no son lo suficientemente fuertes como para seguir sosteniendo la arquitectura edificada por el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

En los próximos días se revelará con mayor nitidez el nivel de parálisis que afecta a una economía que puede quedarse "sin señales de precios". Ello hace que deba considerarse la posibilidad de eventos de desabastecimiento de distinta magnitud y duración temporal.

Como consecuencia del deterioro acelerado de las condiciones económicas, asistiremos a un serio agravamiento de la situación social, si bien no es descartable que ello provoque conflictos de significación. Siempre que se eviten situaciones de falta de alimentos, la institucionalidad política debería ayudar a darle cause a la disconformidad, canalizándola hacia la regeneración de las expectativas que supone y posibilita la instauración de un nuevo gobierno.

La situación, en síntesis, es gravísima. Los desequilibrios macroeconómicos se profundizan vertiginosamente. Los Déficits Gemelos (tanto el de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos como el Déficit Fiscal Total) se han agudizado.

Es en este marco que se expresa la absoluta desconfianza de los tenedores de títulos soberanos, que al desprenderse de ellos inducen a la baja de su precio, elevando el nivel del riesgo país. Dicho indicador alcanzó los 1.946 puntos la semana pasada, su nivel máximo en los últimos diez años.

En igual sentido cotizaron las tasas de interés implícitas en los seguros contra default (Credit Default Swap-CDS), por el temor a que no se cumplan los compromisos internacionales asumidos.

De todos modos...los empresarios deben tomar decisiones

En este difícil contexto, la operación cotidiana de las empresas debe continuar, por lo que recomendamos extremar las precauciones y reducir toda exposición innecesaria.

Sólo motivos muy fundados, basados en meticulosos análisis, justificarían apartarse de las reglas de la cautela para aprovechar aquellas oportunidades que ofrecen suculentos premios.

El escenario presenta una alta probabilidad de que los acontecimientos deriven en un proceso de disrupción económica que requiera algún tipo de solución institucional, tal como habíamos previsto a comienzos del año, en la Matriz de Riesgos 20191.

Como seguimos...

Tanto las encuestas, como el discurso de "voceros calificados" formadores de la opinión pública, auguraban una disputa electoral reñida.

Hasta el día de la elección inclusive, el oficialismo se mostraba como una opción competitiva que, en virtud de un notorio y público acompañamiento del establishment económico podía, no sin dificultades, revalidar su predominio por cuatro años más.

Teniendo en cuenta que la aparente fortaleza política que lucía el gobierno jugó un papel importante para impedir el completo desmadre de una economía recurrentemente al borde del colapso, no llama la atención la repercusión económica derivada del cambio de la situación política.

Al descorrerse el velo que ocultaba la real gravedad de la situación, quedó en evidencia la magnitud de la Supercrisis que la Argentina enfrenta, que sólo puede ser abordada desde una perspectiva sistémica.

En ese marco, resulta imprescindible cumplir con el precepto de mantener la "empresa en marcha", tanto para los empresarios como para los trabajadores.

Y a su vez, desde la política, el oficialismo tiene que dedicarse a administrar el tiempo que le resta, causando el menor daño posible, mientras la oposición en su conjunto debe encontrar los caminos para proporcionar una alternativa que devuelva a nuestro país a sus cauces normales de funcionamiento.

Sólo así, mediante el sinérgico funcionamiento de un "todo armónico" será posible evitar la anomia2 que, como un destructivo huracán, parecería querer arrasar nuestra Patria.

1 “Primero hay que saber diagnosticar, después planificar y, al fin, gestionar los resultados (primera parte)”, BAE Negocios 24-12-18.

2 Se entiende por anomia al conjunto de situaciones que derivan en la disolución de las normas sociales.

* MM y Asociados

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En el mercadeo y en las elecciones: entre lo tradicional y lo cibernético

En el mercadeo y en las elecciones: entre lo tradicional y lo cibernético

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

La difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación digital ha transformado, en muy pocos años, prácticamente todas las actividades humanas.

En la agenda de estos días, sobresalen los impactos que tienen:

• en el terreno comercial, las investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre las empresas llamadas "gigantes tecnológicos" (o Big Tech), especialmente sobre las novedosas formas que adquiere el comercio electrónico;
• y en el de las campañas políticas, el desarrollo del cronograma electoral vernáculo, en el que, superada la instancia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se verificó la prevalencia de las metodologías de disputa extrañas a las tradicionales, con escasez de actos masivos y sin los usuales grandes despliegues de militantes disputando adhesiones.

Pese a lo, en apariencia, distante de los ámbitos, subyacen procesos equivalentes o análogos que vale la pena considerar, especialmente frente a la elección presidencial que podría definirse en primera vuelta.

¿Addio al laissez faire de las Big Tech?

Casi tan habitual como su presencia en la vida cotidiana de las personas, son las colisiones que las compañías Big Tech protagonizan con entidades reguladoras estatales o supranacionales.

Las novedosas transformaciones que la difusión de internet conlleva, se asocian a consecuentes dificultades de tipificaciones legales, ya sea porque podrían violentarse derechos personales o intereses colectivos en la utilización de información de los usuarios, o que debido a su vertiginosa dinámica, alguna de las compañías quede cuestionada como monopólica, o inclusive señalada como una potencial amenaza para la seguridad nacional.

Todas ellas son intrínsecas al fenómeno de la irrupción explosiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero aparecen nuevos conflictos basados en los efectos que desde ellas se vierten sobre actividades económicas preexistentes.

Tal es el caso de la multa varias veces millonaria que la Unión Europea impuso a la filial de Google por considerar que su buscador impedía una competencia justa en la publicidad.

En la misma dirección se inscribe la reciente iniciativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra una plataforma líder de las ventas online, abriendo una investigación respecto a su impacto sobre todo el comercio al público, tratando de determinar si se han involucrado en prácticas que han reducido la competencia, impedido la innovación o dañado a los consumidores.

¿Cadenas sin eslabones?

Las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, acusando a la compañía de haber "arruinado el comercio minorista", amplían el alcance de la investigación, señalando a las claras que la revisión lejos está de ser un mero trámite o formalidad, y que es parte de una confrontación política de fondo sobre la estructuración económica de la sociedad.

La empresa sometida a la investigación es una de las más importantes a nivel mundial, y su modelo de negocios es replicado en muchos países incluido el nuestro.

Y, en sentido estricto, el objeto de los cuestionamientos es esa relativamente novedosa forma de realizar las transacciones comerciales.

Tradicionalmente en las actividades mercantiles (distribuidores, mayoristas, minoristas y por catálogo o muestra), la fuerza de ventas funge como un elemento decisivo para la concreción de las operaciones, en tanto el factor humano, subyacente en la mediación, es la clave que convierte la potencia en acto, por lo que tamaño y cualidad del equipo de vendedores definen los resultados de la competencia entre ofertas de similar calidad y precio.

Esas relaciones interpersonales fueron, hasta no hace mucho tiempo, omnipresentes, ya sea en la actividad de los negocios de proximidad en la que el cliente ingresa al local y es atendido por los vendedores o en el modelo inverso, en el cual éstos, en la búsqueda de la transacción, realizan sus recorridos por los domicilios (comerciales o particulares) de sus potenciales compradores.

La aparición de los modelos de "autoservicio" primero y la expansión de su patrón a grandes superficies después, fueron las formas iniciales de supresión de esa relación cara a cara, complementada con los métodos indirectos de promoción e inducción de conductas de compras que constituyeron al "marketing" en una disciplina.

Especialmente en el caso de las redes de hipermercados, ello aparejó también transformaciones en las longitudes de las cadenas de comercialización, acortando a las tradicionales que iban desde fabricantes al público mediados por distribuidores, mayoristas y finalmente minoristas.

Pero aun en estos momentos, el impacto nunca resultó tan extendido como el que se ve reflejado desde la aparición de las plataformas de compras online, que no sólo difumina los límites de los eslabones intermedios, sino que elimina totalmente la interacción personal.

La intervención del gobierno estadounidense parece orientarse a limitar las posibilidades de que las modalidades electrónicas prevalezcan sobre las demás formas del comercio, a restaurar la "cadena larga" y a devolver a la negociación face to face la relevancia que otrora ostentara.

Sólo "la historia dirá" si se trata de un vano esfuerzo por acotar un proceso irreversible o, atento a la influencia mundial de los EE. UU., una señal de los tiempos por venir.

¿Política sin militantes políticos?

Desde mediados del siglo pasado, el marketing político se convirtió en uno de los protagonistas decisivos dentro de los procesos electorales.

La expansión de las TIC no podía dejar de derramar sus efectos en estos ámbitos, ganando espacio paulatinamente hasta convertirse en los instrumentos centrales con el crecimiento del "big data"1, hasta inclusive protagonizar eventos reñidos con la legalidad, como el uso inapropiado o fraudulento de información, la comercialización de datos o la difusión deliberada de publicidad engañosa.

A partir de la equiparación del votante con el consumidor, las técnicas de investigación de mercado hoy se aplican al estudio del electorado, desmenuzando sus preferencias y permitiendo ajustar personalizadamente los mensajes.

Como una metáfora de lo que sucede en el campo comercial, la relación entre las formaciones políticas y sus equipos publicitarios con el potencial sufragante se establece sin otra mediación que la de los canales digitales.

Y, toda vez que páginas web, redes sociales o servicios de mensajería no sólo canalizan las opiniones y debates políticos de los usuarios individuales, sino que incluso se han convertido en la vía elegida por dirigentes, funcionarios y jefes de estado para la comunicación, también en este ámbito las nuevas tecnologías tienden a consolidarse en una posición dominante.

Así se expresó en la atípica campaña electoral que acabamos de presenciar.

La tradición y la cibernética

No podemos descartar que los Estados Unidos finalmente impongan a las compañías de comercio electrónico (o a otras similares) disposiciones que modifiquen sustantivamente las actuales tendencias. Ese país cuenta con sobrados antecedentes de regulaciones antimonopólicas, ya desde 1890, con la ley conocida como Sherman Act, pasando por desmembramientos forzados como el de la Northen Security Company (de J.P. Morgan y J. D. Rockefeller) y el de AT&T.

Si bien en el ámbito de las competencias electorales resulta todavía más difícil prever el futuro derrotero, vale destacar que aún existe un fenómeno de este ámbito que no puede ser suplantado, ni siquiera minimizado, y es el de los militantes políticos en la jornada electoral que, como el vendedor de retail, puede jugar un papel "desequilibrante" en la movilización de electores y en la fiscalización del conjunto del acto eleccionario, especialmente en el recuento de los sufragios.

Al tratarse de uno de los casos de suma cero por antonomasia, lo que se agrega a uno se duplica si se le quitó al otro, por lo que, al partir de una igualdad si el frente A reemplazara por propios 5 votos de B, obtendría una diferencia a su favor de 10.

Por ello, frente a las próximas elecciones presidenciales2, no es desatinado pensar que el diferencial de recursos humanos disponibles y aplicados a la fiscalización, podría ser definitorio en una elección reñida.

1 Big data es un término que refiere a grandes volúmenes de datos, que pueden o no estar estructurados, disponibles y susceptibles de ser analizados.

2 Sin desconocer las prevenciones expresadas por todas las formaciones de la oposición referidas a los aspectos informáticos de los escrutinios provisorios.

*MM y Asociados

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La deuda pública: de todos. La generación de dólares: de algunos

La deuda pública: de todos. La generación de dólares: de algunos

Por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Norberto Itzcovich, Dr. Claudio Comari

La deuda pública, interna o externa, pertenece al conjunto del Estado argentino con sus tres poderes, aunque por su propio ordenamiento jurídico sea el ejecutivo quien deba encargarse de acometer las acciones necesarias para honrarla en tiempo y forma.

Ella está nominada en pesos u otras monedas, en tanto sus acreedores pueden o no ser residentes en nuestro territorio.

La deuda nominada en dólares, euros, yenes, etc., en manos de no residentes (exigible1) se encuentra actualmente, según el consenso general, en el orden de magnitud de los U$S150.000 millones.

A su vez, existen cuatro vías a través de las cuales nuestro país puede obtener las divisas necesarias para cumplir con su cronograma de cancelaciones:

a. el comercio internacional de bienes y servicios, que realizan personas, en su inmensa mayoría jurídicas,
b. la repatriación del principal y/o de las utilidades de las inversiones directas de argentinos en el exterior,
c. la inversión extranjera directa (IED), y
d. la toma de nuevos préstamos internacionales.

Respecto del último punto (d), actualmente el mercado voluntario internacional de deuda permanece cerrado para el sector público argentino.

Por otra parte, mientras en términos corrientes no se encuentre equilibrado el flujo de divisas, no cabe esperar que acontezcan los acápites b y c.

En consecuencia, resta por analizar el ítem a de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (CC) sobre el cual la autoridad política puede influir.

La restricción externa2

Históricamente, la restricción externa estuvo ligada a situaciones analizadas mediante el estudio de los ciclos económicos de corto plazo conocidos como stop and go.

Allí, el problema radicaba en que la demanda de divisas para mantener la tasa de crecimiento económico superaba a la oferta, de manera estructural.

Esas crisis derivaban en alteraciones político-económicas que en la historia argentina son bien conocidas.

En las últimas cuatro décadas ese escenario se complejizó y agravó notoriamente, dado que el incremento del requerimiento de dólares ya no se debe solamente a la expansión del aparato productivo, sino que a ello deben agregarse tanto el que se genera por atesoramiento, como el que deviene de la obligación de honrar la deuda externa.

Cuantificando los conceptos, se puede proyectar que hacia el final del corriente año:

La Balanza Comercial (BC), producto del desplome de las importaciones (que en el primer semestre fue de 28%), será de aproximadamente U$S8.700 millones.
La Balanza de Servicios (seguros, transporte, turismo y propiedad intelectual, entre otros), se ubicará en un saldo negativo de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.
Los intereses de la deuda pública exigible serán de aproximadamente U$S9.000 millones y los de la deuda privada U$S3.000 millones.
Los dividendos a girar por las empresas locales de controlantes extranjeros alcanzarán un monto de alrededor de U$S 6.000 millones.
En consecuencia, el déficit del sector externo argentino3, medido como proporción del PIB, rondará el 3,5% (U$S16.800 millones) considerando sólo los intereses de la deuda exigible4.

La necesaria interfase entre lo público y lo privado para evitar el default
Si bien parte de la deuda, tanto pública como privada, está nominada en moneda dura, los ingresos del Tesoro Nacional son sólo en pesos, por lo cual se debe apelar al mercado o al BCRA para transformarlos en las divisas necesarias, a fin de cumplir con los compromisos asumidos5.

Pero para poder obtenerlas, es preciso que el sector privado las haya generado, logrando, como mínimo (adicionando los resultados de las balanzas comercial y de servicios) un saldo superavitario en el entorno de los U$S18.000 millones.

A tal fin, es imprescindible lograr un tipo de cambio competitivo que, para ser plausible, debe complementarse con adecuadas políticas de administración de comercio6, que permita la hegemonía de las empresas locales en el mercado doméstico.

Esta sinergia posibilitará, a su vez, mediante una correcta interacción público-privada incrementar la fuerza de inserción de los productos de fabricación nacional en los mercados internacionales.

Simultáneamente, con una macroeconomía equilibrada, debe lograrse una disminución del riesgo país y de la tasa de interés nominal, de manera tal que, al alinear la inflación doméstica con la internacional, ocurra lo propio con la tasa de interés real7. Ello permitirá construir un andamiaje financiero adecuado para ofrecer capital de trabajo a las empresas exportadoras.

Ello, fundamentalmente, permitirá frenar, y posteriormente revertir, el flujo de atesoramiento en dólares de las personas (físicas y jurídicas) residentes en nuestro país.

Pero sólo un contexto político, económico y social de amplia unidad nacional lo posibilitará.

Las potencialidades para avanzar en esa dirección se asientan en la plena vigencia del tronco común del pensamiento nacional que, más allá de que se exprese en diferentes vertientes del espectro político, resulta ampliamente mayoritario en nuestra Patria.

1 Denominamos exigible a aquella parte de la deuda cuya eventual posibilidad de renegociación presentará particulares condiciones de tensión.

2 Para realizar las estimaciones que se presentan, se tuvo en cuenta el criterio de devengado, que es el mismo que utiliza el Indec en sus resultados de Balanza Comercial y Balance de pagos.

3 Ello suponiendo un rollover óptimo del principal de la deuda.

4 Considerando los intereses de la deuda pública en pesos y en dólares, en manos de no residentes y de residentes cuantifi cados en dólares, ese monto se incrementaría a U$S25.800 millones.

5 Esta es una restricción que los hacedores de política económica en Argentina no pueden desconocer, ya que a nadie se le ocurre, en nuestro país ni en el mundo, nacionalizar el comercio exterior para volver al comercio país-país.

6 En este sentido, el Nuevo Orden Internacional (NOI) y la concomitante debacle de la OMC, abrieron una ventana de oportunidad que amplía el arsenal de instrumentos económicos para la búsqueda de competitividad sistémica, y que nuestro país deberá saber aprovechar.

7 La tasa de interés real anual es igual a la tasa de interés nominal anual, menos la inflación del período.

*MM y Asociados

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Reforma laboral y el regreso de la teoría del derrame

Reforma laboral y el regreso de la teoría del derrame

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Hemos marcado en anteriores oportunidades que la firma del acuerdo Stand By con el FMI tuvo una significación que, trascendiendo de los meros alcances de las condiciones en las que se negocia el préstamo, radica en la redefinición del conjunto de la política económica.

Esta, bajo la tutela del organismo internacional, se va orientando hacia un esquema neoliberal, cuya armonización definitiva espera su cristalización a posteriori del proceso electoral.

Como ya hemos mencionado, en este giro, también se modifica la determinación de quienes son los "ganadores" económicos del proceso de Cambiemos ya que, al desplazar el acento desde la dolarización de los precios de los alimentosi y la energía hacia el incremento de la proporción con que se retribuye al capital y al sector empresario, se amplía el selecto grupo de beneficiarios hacia el conjunto del establishment.

Es por ello que la reforma laboral anunciada por el ministro Dujovne en Estados Unidos, se erige como uno de los elementos de contexto clave.

Ahora bien, es previsible que en nuestro país, una iniciativa de tal naturaleza no resulte de simple implementación, atento a las posibles resistencias sociales que despertará.

Una historia reciente

Durante 2017, en la misma dirección que la que aquí se impulsa, Brasil aprobó dos reformas profundas en la materia.

En el primer semestre, la que establece las pautas del régimen de las contrataciones temporarias o eventuales, que amplió notoriamente las fronteras de la tercerización, y en el segundo, la modificación de 115 artículos de la norma conocida como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) -que data de 1943, durante la presidencia de Getulio Vargas-, que alteraron de manera significativa el corpus legislativo que Brasil fue desarrollando hasta la fecha en materia laboral, con profusión de medidas que flexibilizan las condiciones en las que los contratos pueden ser convenidos y las tareas desarrolladas.

Entre los aspectos más relevantes, se destacaron:

• el orden de prelación establecido para un amplio espectro de componentes del contrato de trabajo, en el que predominan los arreglos individuales o por empresa por sobre los convenios colectivos de la actividad;
• que las negociaciones que pueden desarrollarse por fuera de los acuerdos paritarios entre empleadores y empleados, alcanzan a la estructuración de las jornadas laborales, las pautas organizativas de las tareas, la distribución de las licencias, entre otros aspectos, permitiendo, por ejemplo, pactar indemnizaciones por despido por debajo de lo estipulado;
• la permisividad para la tercerización de actividades (incluso en el caso de la principal);
• la habilitación de formas de contratación en las que los trabajadores pueden permanecer a disposición del empleador, recibiendo remuneraciones solamente por el período de prestación de servicios (el que puede pautarse por jornadas u horas inclusive); y
• la creación de la figura de los "autónomos exclusivos", cuando los trabajadores prestan servicios para un único cliente, al que se exime de reconocer el vínculo laboral permanente.

El debilitamiento del papel de los sindicatos atraviesa la totalidad del nuevo ordenamiento legal, afectando el financiamiento y la afiliación, e incluso en la admisión de la subordinación a los acuerdos individuales o por empresas, aun en los casos de despidos masivos, al igual que en la facultad reconocida a comisiones no sindicales para negociar como representación de los trabajadores ante las compañías.

La polémica sobre las reformas trascendió holgadamente las fronteras, encontrando en nuestro país tanto a exégetas que vieron en ellas el futuro deseable para la regulación del mercado de trabajo argentino, como fervorosos críticos que consideran a esa legislación un retroceso a los albores del siglo XX.

Como puede apreciarse en el gráfico, su puesta en marcha no redundó en mayores niveles de empleo, por lo que la tasa de desocupación se mantiene, en forma persistente, en el orden del 12% de la Población Económicamente Activa.

Adicionalmente, dada la caída de la inversión bruta fija2, tampoco se observa un efecto significativo en el Producto Interno Bruto, cuyas variaciones interanuales se encuentran en similar orden de magnitud que las del crecimiento poblacional.

Finalmente, transcurridos dos años de vigencia del nuevo ordenamiento laboral en Brasil, los resultados fueron lejanos a los esperados por sus promotores y sin efecto positivo alguno.

Reforma laboral argentina, ¿para qué?

Hemos señalado con anterioridad que las regulaciones laborales son, en general, soluciones obtenidas frente a tensiones existentes, surgidas y situadas en un determinado contexto. Y que, por ello, en ocasiones, especialmente ante transformaciones que los mercados particulares experimenten (transitorias o permanentes), la búsqueda de las mejoras para el conjunto de los actores podría incluir la revisión de aspectos puntuales que estuvieran resultando disfuncionales.

Pero, como se marcó, las reformas, tanto en el caso brasileño como en el argentino, no están motivadas en la salvaguarda de actividades en dificultades, sino que el objetivo teórico común es la utilización de la fuerza de trabajo, con un promedio salarial menor al vigente en el momento de las enmiendas.

Esto a su vez queda implicado en un debate de mayor alcance, en el que finalmente se trata de determinar si la ganancia empresarial se basa en un markup (margen) mayor sobre volúmenes negociados pequeños (con el consecuente subconsumo de segmentos poblacionales), o si aspiramos a su contrario, en la que la utilidad se amplíe disminuyendo los márgenes por unidad vendida y aumentando el volumen de comercialización en un mercado demandado.

Por lo tanto, sería deseable que, en el marco de la disputa por el recambio presidencial, este debate subyacente se haga explícito: política de derrame o modelo de desarrollo económico.

1 Política revisada desde el acuerdo con el FMI con el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones agrícolas.
2 Entre el primer trimestre de 2019 y el mismo período del año anterior, la caída fue del 3,14%.

*MM y Asociados

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Drama y tragedia: del BCRA a la economía real

Drama y tragedia: del BCRA a la economía real

Por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Norberto Itzcovich, Dr. Claudio Comari

La producción y circulación de bienes y servicios se encuentra hoy, en nuestro país, entre otros aspectos, con un tipo de cambio inferior al de los últimos cinco meses.

Ello es producto de la oferta de dólares alimentada por las liquidaciones del complejo agroexportador y la disponibilidad de parte de los prestados por el FMI en el último acuerdo Stand by, en tanto la potencial demanda, por ahora, continúa seducida por las altas tasas de interés reales en pesos ofrecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese contexto, mientras el oficialismo se conforma con aprovechar cierto análisis superficial para tratar de arrogarse pequeñas "victorias" de sus propuestas, el mundo empresarial y sus decisiones, por el impacto que conllevan en el nivel de producción y empleo, necesita realizarlos con mayor profundidad.

Es por ello, que en el presente artículo escudriñaremos el balance del BCRA, así como el resultado de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (CC) y la cuestión fiscal, intentando dilucidar cual es el marco situacional en el que se desarrolla la pelea por la supervivencia para un extenso número de empresas y sus trabajadores.

La caja negra del BCRA

Al cierre de la primera semana de julio, el balance del BCRA mostraba un patrimonio neto de US$ 12.100 millones, habiéndose reducido en US$ 3.900 millones en las últimas doce semanas.

En igual período, las reservas cayeron US$ 9.700 millones, alcanzando los US$ 63.700 millones1 y el Tesoro nacional, que tenía depositados en el BCRA 19.500 millones de dólares, retiró para sus gastos US$ 10.900 millones.

Ahora bien, si analizamos el balance del BCRA descontando los activos netos del Gobierno Nacional, ya que es de imposible cumplimiento que el Tesoro rescate los bonos que la autoridad monetaria tiene en su poder, el Patrimonio Neto resulta negativo en US$ 34.500 millones.

Paridad cambiaria a la baja: ¿déficit de cuenta corriente del Balance de Pagos al alza?
Mientras tanto, el dólar mayorista, a mediados de julio, se encontraba en valores similares a los de fines de setiembre pasado, con una inflación acumulada, en el período, de aproximadamente 40%.

A raíz de ello, realizamos un ejercicio, tomando como base el año 2001, para obtener el nivel de la capacidad de compra del dólar, expresada en pesos, en términos reales (considerando la evolución de los precios de los bienes industriales de la demanda intermedia de Estados Unidos y el índice de precios internos al por mayor argentino).

El resultado muestra que, para fines de abril de 2019, cuando el dólar mayorista tocó su pico máximo, resultaba 42% superior respecto del último año de vigencia de la convertibilidad. Sin embargo, la posterior revaluación del peso llevó esa paridad, en junio pasado2, a 1,18 pesos por dólar3.

Este último valor es similar al que arrojó el ejercicio para el año 2016, cuando la CC había resultado en un déficit de 14.693 millones de dólares.

En consecuencia, más allá de la mejora circunstancial de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) producto de la profunda recesión en la que se encuentra la economía argentina y su impacto directo en la abrupta caída de las compras externas, queda en evidencia que la actual paridad cambiaria es insuficiente para equilibrar el déficit de la CC que, en los términos actuales, alcanzaría al 3,1% del PIB, teniendo en cuenta solamente los intereses devengados de la deuda (exigible) en dólares, vinculada a tenedores extranjeros.

Y por el lado de las cuentas públicas, ¿cómo andamos?
En referencia al déficit fiscal primario, el oficialismo, por el acuerdo con el FMI, se propuso equilibrarlo, mediante la reducción del gasto público.

Ello, en el entorno de una economía recesiva, resulta de imposible cumplimiento.

Para demostrarlo, retomamos el ejercicio que realizamos en nuestro artículo "2019. Un escenario lábil" (BAE, 21-1-19), donde calculamos la caída de la recaudación en términos reales, con la siguiente metodología:

• indexamos la recaudación de diciembre de 2017 mediante un conjunto representativo de indicadores, obteniendo un valor teórico de los ingresos tributarios que debieran haberse alcanzado en diciembre de 2018, para mantener el mismo "poder de compra" que el año anterior;
• comparamos ese valor teórico con lo efectivamente obtenido y, finalmente,
• estimamos la magnitud de la pérdida de ingresos reales acaecida.
• Repitiendo dicho procedimiento para junio de 2019, se concluye que, en el sexto mes del año, hubo una pérdida interanual de recaudación de 7,2%.

Adicionalmente, si no se hubieran registrado modificaciones del régimen de retenciones y tasa de estadística, la baja hubiera alcanzado el orden del 11,4%.

La diferencia entre los valores estimados y la recaudación efectiva finalmente obtenida refleja claramente las pérdidas por el menor nivel de actividad.

En consecuencia, como viene quedando plasmado en los últimos meses, la caída de la recaudación se produce a mayor velocidad que la del gasto público, con lo cual la disminución del Déficit Fiscal Primario se transforma en una quimera.

Por ello, existe ya un consenso acerca de que no se alcanzará el mentado equilibrio primario que, por el contrario, se mantendrá en el entorno del 2,7% del PIB.

Así, sumados el déficit primario y los servicios de deuda estimados, persiste en la economía argentina una necesidad de financiamiento de U$S 26 mil millones por año, equivalente a aproximadamente el 6% del PIB. Ello, sin tener en cuenta el déficit cuasi fiscal que, anualizado, alcanza otro 5%4.

Rienda corta para los negocios

Dada la actual coyuntura, es bueno repasar algunas recomendaciones para que los hombres de negocios mantengan su empresa en marcha.

Ellas son, tener "calzada", en lo posible, la relación entre pagos y cobranzas; minimizar la deuda en dólares o, en su defecto, operar en el mercado de dólar futuro; comercializar los productos tratando de evitar "rifar" el stock y prestando especial atención al valor presente y futuro del inventario, en pesos y dólares, para poder evaluar, en función de la expectativa de devaluación, si es conveniente incrementarlo o disminuirlo, a los fines de la valorización patrimonial de la empresa.

Ante la incertidumbre acerca de la resolución de la Supercrisis5, cualquiera sea el resultado electoral de los comicios que se avecinan, los criterios de "rienda corta" y de "sana prudencia" están más vigentes que nunca.

1 Con la colaboración del Mg. Oscar Carreras. Cabe consignar que con posterioridad a la fecha de referencia se incorporó a las reservas el último desembolso del FMI, con lo cual, al margen de otras modificaciones, al 16 de julio su monto alcanzó los U$S 68.739 millones.

2 El ejercicio se realiza al mes de junio ya que, aun transcurriendo el séptimo mes del año, no se cuenta todavía con la información de variación de precios.

3 Siempre refiriéndonos a aquellas exportaciones que no están afectadas por retenciones, ya que las sumas fijas en pesos, por dólar exportado, representan una pérdida de competitividad de entre 7% y 9% adicional.

4 El quantum del déficit cuasi fiscal resulta variable, porque depende centralmente de la tasa de interés que el BCRA paga por las Leliq.

5 Oportunamente caracterizamos a la Supercrisis como la situación a las que nos llevó la alianza Cambiemos, que incurrió a un mismo tiempo en los desequilibrios macroeconómicos fiscales y externos que colapsaron los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa, respectivamente.

*MM y Asociados

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Acuerdo Mercosur-UE: un complot contra la historia

Acuerdo Mercosur-UE: un complot contra la historia

Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich

Pocos días atrás, bajo la pretensión de haber alcanzado un gran éxito diplomático, el gobierno argentino anunció la firma del "Acuerdo estratégico Mercosur- UE".

Ello podría resultar un hecho transcendental, si en el campo de las relaciones entre las naciones los postulados de la globalización conservaran la vitalidad y la potencia que mostraron en las postrimerías del siglo pasado.

En tal caso, la discusión de cada detalle de un acuerdo comercial con unos de los "ganadores" de ese esquema económico mundial, sería indispensable, mientras que, paralelamente, ello implicaría concebir que el resurgimiento de las medidas proteccionistas, incluyendo los virajes introducidos en EE.UU. por Trump, sólo son un efímero incidente.

Pero si el marco de interpretación de la realidad global es el de la III Guerra Mundial en cuotas por los puestos de trabajo, como lo caracteriza el papa Francisco, pierden toda relevancia las particularidades del entendimiento, al quedar cuestionadas sus condiciones de posibilidad y por ello condenado a una obsolescencia prematura, víctima de su propio complot contra la historia.

Por ahora, un convenio marco

En simultáneo con la reciente Cumbre de Líderes del G20, realizada en Osaka, se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyas negociaciones iniciales datan del año 2000.

Convertido en uno de los objetivos fundamentales de la gestión de Cambiemos y luego de casi tres años de anuncios de inminentes resoluciones, con sus consiguientes sucesivas frustraciones, el primer paso formal ha sido dado, quedando por delante un complejo proceso hasta que sus disposiciones sean aprobadas y pueda ser considerado "en vigencia" ya que, a la fecha, se trata de un convenio marco.

No podría ser de diferente manera, por razones que son operativas y otras de naturaleza política.

Las negociaciones faltantes, que incluyen además del conjunto de las particularidades sectoriales, la intervención y aprobación legislativa de los suscriptores, no permiten una seria estimación de los años que podrían insumir.

Pero, es además necesario considerar los períodos adicionales requeridos para que las medidas empiecen a tener efectividad, ya que aun cuando algunos compromisos entrarían "en vigor" junto con el acuerdo, las modificaciones de preferencias, aranceles, patentes, normas de origen, medidas pararancelarias, etc., cuentan con diversos plazos de implementación posterior que, en algunos casos, se acercan a las dos décadas.

Claro que, para que esto finalmente ocurra en la intensidad prevista, las condiciones del contexto modélico internacional deben permitirlo, entre las que se cuenta, la continuidad como tales de los bloques comerciales.

Al respecto, hemos señalado en otras oportunidades1, que la política exterior de la administración Bolsonaro, pone en severas dudas la continuidad del Mercosur, toda vez que se orienta a suscribir convenios comerciales bilaterales (como los que firmara en marzo para las importaciones sin aranceles de trigo de los Estados Unidos y automotores desde México), a lo que se suma, por otra parte, que para la Argentina, este bloque arrojó, en forma sistemática, resultados desfavorables, dada la irresoluble ausencia de complementariedad entre las dos economías más importantes del bloque (al tratarse de entramados productivos que compiten entre sí), por lo que, más temprano que tarde, nuestro país podría buscar otras asociaciones más convenientes.

Del mismo modo, no son menores las presiones para la redefinición y/o desintegración de la Unión Europea.

Por lo tanto resulta determinante, en un plano más general, en cuanto a la factibilidad del acuerdo, el modo predominante de las relaciones comerciales de los países dentro de su bloque económico de pertenencia, la perdurabilidad de estos en el tiempo (como interrogante) y, dado el caso, la relación entre ellos.

¿Singularidad histórica o Nuevo Orden Internacional?

Como hemos tratado en múltiples oportunidades en nuestros artículos, el mundo globalizado emergente a posteriori de la desarticulación del "bloque socialista" y la desintegración de la Unión Soviética estableció un modelo hegemónico de relaciones, cuyas expresiones más plenas quedaban instituidas mediante los tratados de libre comercio, y donde los organismos internacionales, especialmente la Organización Mundial de Comercio ( OMC), fungían como garantes de tal orden, en capacidad de retaliación de cualquier intento de protección de los aparatos productivos nacionales que supusieran alguna restricción a la libre circulación de bienes y servicios2.

Obviamente, el principal soporte de aquel orden internacional fue Estados Unidos, que hoy no sólo dejó de sostener la vieja arquitectura, sino que pasó a ser su principal contrincante.

La autoexclusión del tratado transpacífico y la redefinición del viejo NAFTA en un acuerdo sustantivamente disímil como el actual USMCA, son una suficiente muestra de la actual política de los EE.UU. hacia los acuerdos de libre comercio.

Pero tal vez mayor significación, es la que emana de la conducta gubernamental en cuanto a la administración del comercio exterior y el explícito desdén por la acción de la OMC.

Esto no tendría mayor importancia, respecto al acuerdo de referencia, si tal giro de EE.UU. fuera, como algunos piensan, un suceso aislado, una anomalía histórica que, encarnada por un personaje político de excepción y marginal desde el punto de vista de la estructuralidad económica de su país, está destinada a un tránsito fugaz.

Lejos de ello, desde nuestra mirada, las principales políticas económicas de la actual administración norteamericana encarnan los intereses orgánicos del complejo productivo estadounidense y, en la medida que resulte exitoso para restablecer su "zona de confort" en los mercados internacionales aprovechando el conjunto de ventajas competitivas de las que goza, entre las que obviamente se destaca la obtenida en su revolución energética3, tenderá a perdurar.

Por eso es importante comprender que se trata de una estrategia de orden mundial, con el notable agregado de que, ignorando la máxima futbolera de que "equipo que gana no se cambia", algunos sectores dirigenciales de los EE. UU. tuvieron la audacia de cambiar un mundo que su país venía liderando.

Esa misma impronta, opuesta por el vértice a los principios nodales de la globalización, es la que también se expresa en otros lares, signando tanto la recomposición de la Federación Rusa, como las tensiones eurofóbicas que atraviesan el viejo continente, cuya expresión descollante fue el Brexit.

Este conjunto de evidencias es la que nos lleva a entender este proceso como la emergencia de un Nuevo Orden Internacional, cuya predominancia actual no es transitoria, sino constitutiva.

El ahistórico "acuerdo histórico"

Calibrar entonces los posibles impactos del acuerdo Mercosur- UE, requiere, en primer término, esclarecer cuáles son los causes principales del ordenamiento internacional en los años venideros, porque debemos elegir entre dos caracterizaciones de los tiempos por venir, de la que dependerá la correcta inserción internacional de nuestro país.

En este debate encontramos: por un lado, a los que, discutiendo aspectos particulares, asumen como inmutable el orden globalizador, y por el otro, a quienes, al considerar el Nuevo Orden Internacional, juzgamos abstracta la discusión de "la letra chica" preguntándonos, lisa y llanamente, si el acuerdo es viable o no.

Las siguientes elecciones presidenciales de los EE.UU., ayudarán a clarificar sobre la perdurabilidad o fugacidad de las transformaciones en curso que, a nuestro criterio, son las más profundas desde la culminación de la Guerra Fría y, si esto es cierto, los verdaderos debates no versarán sobre el libre comercio, sino sobre las estrategias más eficaces y eficientes para desenvolvernos en un mundo donde "cada cual atiende su juego".

1 “Requiem al Mercosur” (BAE Negocios, 1/4/19). “Bolsonaro y la Argentina: una de cal y una de arena” (BAE Negocios, 14/1/19).

2 A modo de ejemplo: a partir de una demanda conjunta de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, el tribunal de apelaciones de la OMC ratificó, a principios de 2015, un fallo de primera instancia, que entraría en vigencia el 9 de diciembre de ese año, que un tribunal especial de esa organización había emitido en septiembre de 2014, a raíz de una denuncia de 2012. Allí se indicaba que el Gobierno debía “cumplir con las reglas del comercio internacional”. Así, la OMC entendió que las medidas de administración de comercio, que en su momento implementó el gobierno argentino, constituían “una violación de las normas del comercio internacional”.

3 “El America first y el Nuevo Orden Internacional”, (BAE Negocios, 28/1/19)

*MM y Asociados

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