¡Ay, Patria mía!
por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Norberto Itzcovich, Dr. Claudio Comari
El autodenominado "mejor equipo de los últimos 50 años" ha logrado que la Argentina enfrente una situación de crisis sistémica, que puede resultar la más profunda de su historia y que, por poner en riesgo la continuidad de la Patria como tal, debe ser analizada en conjunto desde los planos político, económico y social.
Los cuerpos orgánicos de la Nación (instituciones constitucionales y organizaciones empresariales, sindicales y sociales) deben tomar conciencia de la situación que enfrentamos y actuar con el compromiso y la prudencia que la hora reclama.
Quedan así impuestas las responsabilidades de todos los actores, particularmente las de la política.
Para el oficialismo, es la obligación de dedicarse con meticulosidad a administrar, de la mejor manera posible, el tiempo que le resta, ya que la "hipercrisis" arrastrará consigo a todos los componentes de la alianza gobernante. Para la oposición, es la de proporcionar una alternativa capaz de devolver a sus cauces normales de funcionamiento al "todo armónico", evitando de esta manera la anomia1.
El espejo de la historia
La historia universal nos enseña que el conocimiento, como todo producto social, es hijo de su época.
Así como el imperio británico dio origen a las ciencias económicas de la mano de Adam Smith y David Ricardo, resolviendo la forma de administrar la reproducción ampliada del capital (o sea, sus negocios), la sociedad francesa, a partir de su revolución, debió reflexionar sobre sí misma desde la disgregación, acuñando el concepto de "anomia" y creando, con la obra de Emile Durkheim, la sociología.
Acercándonos en el tiempo y el espacio, podemos pensar sobre los momentos de crisis vividos por la Argentina, especialmente los de 1989 y de 2001. Los comunes denominadores de ambos períodos son tanto su origen económico como su encausamiento hacia la solución desde lo político.
El desorden de las cuentas fiscales hacia el final del gobierno de Raúl Alfonsín provocó, a partir de la monetización del déficit, la hiperinflación que culminó con el adelantamiento del traspaso del mandato a su sucesor, Carlos Menem. La legitimidad obtenida por éste en las elecciones presidenciales posibilitó mantener el ordenamiento institucional, poniendo coto a la caótica situación, aun cuando las condiciones económicas permanecían lejos de estabilizarse.
El estallido de 2001 fue la resultante del profundo desequilibrio del sector externo. También en esa situación el vector institucional jugó un papel fundamental en la contención de la crisis, ya que, si bien no se había elegido el sucesor de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde acababa de obtener una resonante victoria en las elecciones para Senador Nacional en la provincia de Buenos Aires, lo que lo consagró como un primus inter pares al interior de la dirigencia justicialista.
La Argentina de mayo de 2018 se enfrenta a un escenario en el que convergen los desequilibrios fiscales del '89 con los del sector externo de 2001, por lo que ambos fenómenos se potencian mutuamente generando las condiciones de "super crisis", que con el adicional agravante de la ausencia de legítimos emergentes políticos que funjan como garantes de la restitución del orden hoy amenazado, configura así la perspectiva de la "hiper crisis".
Atrapado sin salida
Con prisa y sin pausa, el gobierno fue construyendo su irreparable intríngulis, violentando los más elementales consensos sobre las leyes de la economía que, sin ser una ciencia exacta, es capaz de ofrecer un corpus de conocimiento suficientemente probado como para no ser ignorado.
Desde su inicio, la gestión mantiene la tensión entre su política fiscal y la monetaria, abundando en acciones contrapuestas.
Como lo hemos señalado reiteradamente, al inicio del gobierno se duplicó el precio de la canasta alimenticia (mediante la devaluación del 60% de la moneda y la eliminación o disminución de las retenciones a ciertas exportaciones). Ello licuó el poder adquisitivo de los ingresos populares (disminuyendo la demanda en el mercado interno) desplomando así la economía, lo que pretendió ser subsanado a través del aumento del gasto público. Así, recaudando menos y gastando más, comenzó el sendero de duplicación del déficit fiscal, recurriendo al crédito externo para su financiamiento.
Para poder aplicar esos dólares al gasto, es necesario transformarlos en pesos, con el consiguiente aumento de la emisión monetaria; para que ello no impactara en los índices inflacionarios decidieron esterilizar (retirar esos pesos del mercado) utilizando las Lebac, por las que deben pagarse onerosas tasas de interés, espiralizando de esta manera el déficit cuasifiscal, que sumado al del Tesoro Nacional y las jurisdicciones subnacionales, resultó en un déficit fiscal total (DFT) en 2017 cercano al 11% del PIB, proporción similar a la alcanzada por el gobierno de Alfonsín, previo a su colapso.
A su vez las restricciones del sector externo, que a partir de 2012 se habían instalado en nuestra economía, se agudizaron, cerrando el año pasado con un déficit de u$s8.500 millones en la balanza comercial y de más de u$s30.000 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
De esta forma hemos llegado, a un desequilibrio del sector externo que, al igual que en 2001, genera los incentivos para la dolarización de las carteras a partir de la caída de demanda de la moneda doméstica.
Hacer llover sobre mojado
Sin la gracia de las "leyes de Murphy" el oficialismo proveyó una nueva muestra de que todo lo podía empeorar, con su conferencia de prensa del último 28 de diciembre. Relajando la meta inflacionaria, anunció su intención de reducir los rendimientos financieros para así incentivar los proyectos privados de inversión.
Ninguno de los objetivos proclamados se cumplió, tal como (también) lo anticipáramos en nuestras columnas, no sólo porque por no se ajustaban a la "buena técnica económica", sino además porque financiar el déficit fiscal con fuentes locales, como a posteriori decidió el ministro de Finanzas, implicó el desplazamiento del sector privado en el acceso al crédito, mostrando que la alianza gobernante es capaz de hacer llover sobre mojado.
Claro está que las altas tasas de interés se contraponen en cierta medida a la inversión productiva, pero el verdadero límite de ésta se encuentra en la ausencia de mercados.
Es que, por las razones que hemos explicado ut supra, se condenó a la retracción al mercado doméstico, cuya recuperación, como está a la vista, no pudo lograrse ni con el aumento del gasto público ni con la (irresponsable) promoción del crédito a los particulares desde la banca pública y la ANSES.
A ello se suma la manifiesta incomprensión de la coyuntura mundial.
Ignorando las implicancias de:
► el fortalecimiento internacional del dólar,
► la economía estadounidense como aspiradora de la liquidez global y, especialmente,
► el proceso en que se combinan una tendencia decreciente en el precio de las manufacturas (producto de la revolución energética norteamericana) con las medidas proteccionistas tomadas por algunos Estados.
El oficialismo no sólo expone a nuestros productores a una crecientemente desigual competencia con sus pares extranjeros sino que, a la vez, deterioró aún más las ventas externas de la producción nacional.
Evitemos la anomia
El fracaso de la alianza Cambiemos, en términos económicos, es irreversible. Queda en manos del oficialismo la responsabilidad de limitar los alcances de la potencial hipercrisis que sobrevendrá, actuando con la máxima prudencia y responsabilidad.
Mientras tanto, la oposición política debe acelerar la resolución de sus liderazgos, constituyéndose en una alternativa suficientemente robusta y en capacidad de ofrecer el Plan Económico de Contingencia (PEC) que la realidad reclama.
Sólo a partir de allí es posible sentar las bases del Modelo de Desarrollo Permanente y Sustentable (MoDePyS) que permita, bajo el adecuado entendimiento de las condiciones imperantes en el comercio internacional, consolidar, robustecer y expandir el aparato productivo nacional.
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