Gobernar es crear trabajo
Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari, Lic. Norberto Itzcovich
Esta máxima del buen gobierno no se refiere a la creación de puestos de trabajo en el sector público, sino a la responsabilidad de los funcionarios de establecer las condiciones para que, por medio de las empresas, todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad en el lugar de trabajo y adecuada protección legal y social para ellos y sus familias.
En este sentido, venimos señalando que las verdaderas esperanzas para que así ocurra, residen en que se produzca un viraje en términos económicos, de tal contundencia que sea capaz de abrir un proceso que se oriente, en forma simultánea, a restituir los equilibrios macroeconómicos, dinamizar los mercados y proteger al entramado social.
También hemos recalcado que sus posibilidades dependen, íntegramente, de que las representaciones institucionales (políticas y sectoriales) enfoquen sus voluntades en darle nuevamente prioridad a la producción de bienes y servicios, rompiendo con el actual enfoque, cuya continuidad sólo puede profundizar la Supercrisis en curso.
Ahora bien, si desde el punto de vista de las empresas el panorama es desolador, más graves aún son las consecuencias que se descargan sobre las familias, especialmente por el proceso destructivo del empleo, como medio de vida y ordenador de los hogares, células madre de la comunidad.
Como ya hemos tratado en otras oportunidades, el mercado de trabajo no sólo está siendo incapaz de absorber la oferta laboral de las personas que se incorporan a la población económicamente activa (PEA) por el crecimiento vegetativo, sino que está destruyendo sistemáticamente empleo, especialmente entre los asalariados del sector privado (al margen del tamaño de las empresas), y los cuentapropistas.
Pasado, presente y futuro del empleo
En nuestra nota "Ocupación, informalidad y desempleo: más fracasos del gobierno" (BAE Negocios, 29/4/19), hicimos un repaso analítico de las dinámicas que experimentó el mercado laboral durante la gestión de Cambiemos, período en el que reconocíamos tres fases distintivas:la primera, netamente destructiva de empleos, como consecuencia del daño irreparable que produjo a la demanda en el mercado interno la alteración de los precios relativos de los alimentos;
una segunda, expansiva, basada en la ampliación del empleo estatal directo e indirecto (planes sociales) y en la apelación al gasto público como dinamizador de la economía; y
un nuevo ciclo destructivo, desde la puesta en marcha del acuerdo con el FMI, por la estabilización del quantum del empleo público y la recesión inducida en el sector privado.
El análisis de los datos sobre el empleo registrado que provee el Ministerio de Producción y Trabajo, patentiza el rotundo fracaso de la política económica. Según el último informe, entre noviembre de 2015 y abril de 2019, sólo creció en 72.000 el número de trabajadores inscriptos, muy por debajo del crecimiento vegetativo de la PEA.
Sin embargo, el saldo real es negativo si se considera que la cifra informada, está matizada por el crecimiento de 108.000 inscripciones en la categoría de "independientes monotributo" ya que, en este caso, la mayor parte de las nuevas registraciones no corresponden a la creación de empleos, sino que son explicadas por la inscripción de trabajos preexistentes, declarados a partir de estímulos fiscales.
Es que, desde abril de 2016, el Gobierno Nacional resolvió que los trabajadores inscriptos como "monotributistas" podrían acceder al sistema de asignaciones familiares, del que estaban excluidos hasta ese momento, decisión que tuvo un fuerte y sostenido impacto, alentando el empadronamiento de posiciones antes desempeñadas en el ámbito informal de la economía.
También, en la nota citada, calculamos que, en el mes de abril pasado, la tasa de desocupación, para el total del país, había alcanzado niveles cercanos al 12% de la PEA.
En los primeros cuatro meses del 2019, las variaciones promedio interanuales muestran que el sector privado viene perdiendo una media de 163.300 inscripciones (131.400 en asalariados y el resto entre independientes), que el empleo basado en planes sociales decae a razón de 67.300, y que sólo crecen el número de asalariados del sector público (+ 4.700) y los de casas particulares (+15.500).
El ritmo de destrucción que nos muestran estos saldos es de 210.400 inscriptos al año. Eso implica que, en el ámbito del empleo informal, se produce un número de pérdidas similar a la del sector privado registrado (entre 160.000 y 180.000), según las correlaciones observadas a lo largo del tiempo entre ambos grupos de trabajadores.
Y como denotáramos ut supra, en simultáneo a la destrucción de los empleos preexistentes, se da el proceso de crecimiento vegetativo de la PEA, por el que van ingresando al mercado laboral aproximadamente 240.000 personas al año, las que, lógicamente, no pueden acceder a un puesto de trabajo.
De este modo, para cada período de doce meses, entre quienes perdieron su trabajo y los que no lograron empezar su experiencia laboral, suman la friolera de entre 613.700 y 630.000 personas.
Por lo tanto, de no mediar eventos disruptivos que alteren sustantivamente el comportamiento de la economía, para abril del año que viene, en un cálculo absolutamente conservador, las personas desempleadas superarán los 2,9 millones, representando aproximadamente el 15% de la PEA.
De continuar la actual tendencia, esta proporción subiría hasta el 17% para finales del año próximo, e incluso acercarse al 20% de la PEA si se acelera el proceso de destrucción de empleo.
¿De casa al trabajo?
Desde la firma del acuerdo Stand By con el FMI, y bajo su tutela, la política económica se va orientando hacia un esquema neoliberal, cuya armonización definitiva espera cristalizar a posteriori del proceso electoral. Con este giro, también se modificó la determinación de los "ganadores", ampliándose hacia el conjunto del establishment, al desplazar el acento desde la dolarización de los precios de los alimentos1 y la energía, hacia el incremento de la proporción con que se retribuye al capital y al sector empresario en la distribución funcional del ingreso.Es indudable que se trata de un intento cuya factibilidad queda severamente amenazada por las implicancias en términos de sustentabilidad económica y social, pero también, y esencialmente, por la distancia existente entre los desequilibrios macroeconómicos que constituyen el punto de partida y la convergencia esperada.
A su vez, desde la órbita pública, el empleo no tiene ninguna chance de crecer por las exigencias en las cuentas fiscales, ya que, aun renovando todos los vencimientos de capital en el mercado voluntario de deuda, se les exigirá un ajuste de entre el 5% y el 6% del PIB para el cumplimiento de los pagos de intereses.
Todo ello explica que, al menos en el inicio de la campaña electoral, los discursos económicos de los principales contendientes políticos no se alejan, en lo sustantivo, en sus trazos esenciales.
Si la alianza gobernante resulta reelecta, se revitalizará el proyecto de reforma laboral (y también la previsional, entre otros), en sintonía con la realizada en Brasil, con el objeto de flexibilizar las condiciones de acceso y permanencia en el empleo2.
En el caso de que sea la principal oposición quien asuma el próximo período presidencial, sólo podrá revertir la dinámica del mercado laboral en la medida que también cambie de raíz los fundamentos de la economía, lo que, a la fecha, no se ha explicitado en forma contundente.
En síntesis, el comportamiento del mercado de trabajo estará signado en su totalidad por lo que suceda en el sector privado, cuya recuperación y posterior crecimiento, requiere de que se le garantice la hegemonía en un dinámico mercado interno y una adecuada inserción en el internacional.
Sólo bajo estas condiciones, podrá hacerse realidad que todos tengamos la posibilidad de "ir de casa al trabajo y del trabajo a casa".
1-Política revisada desde el acuerdo con el FMI con el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones agrícolas.
2-Como sabemos, en el credo neoliberal se entiende a la protección de los derechos laborales como un obstáculo para la creación de puestos de trabajo.
*MM y Asociados
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